La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, entre los que se encuentra el Port de Barcelona, fija las tasas por el uso del dominio portuario, pero también tiene en cuenta la competencia a la que se enfrentan estas infraestructuras a nivel internacional y, por lo tanto, permite una serie de bonificaciones. El uso de esta herramienta permite al Port de Barcelona una cierta flexibilidad en sus estrategias de gestión y utilizarla para incentivar mejores prácticas medioambientales, incrementar la calidad en la prestación de los servicios o incentivar la captación, fidelización y el crecimiento de los tráficos y los servicios marítimos.
